Pablo Híjar, exconcejal y activista: "Las administraciones públicas están torpedeando su propia norma"

POR: DAVID GARCÍA ARLEGUI

Que nadie pierda su hogar es la principal lucha de la Plataforma Stop Desahucios Zaragoza de la que que forma parte Pablo Híjar. El ex concejal de Vivienda y Deporte en el Ayuntamiento de Zaragoza considera que, aunque en los últimos tiempos no hay más ocupación, sí hay más desalojos. Él estaba en política cuando se promulgó la Ley 10/2016 en el año 2015. Y es, precisamente, la no aplicación de esta ley lo que más concierne a Híjar, que denuncia que las administraciones no aplican su propia legislación.

¿Considera insuficientes los Servicios Sociales del Ayuntamiento en las ayudas a las personas sin hogar?

Completamente. Existe una enorme dificultad de la población para relacionarse con las Administraciones Públicas para cualquier tipo de trámite o necesidad, desde conseguir una ayuda para alimentación hasta cuestiones de vivienda o de desahucio. Muchas veces, las Administraciones Públicas alegan desconocimiento de las situaciones, pero a su vez están cerradas y blindadas y, por lo tanto, es normal que no les lleguen las situaciones. Nos encontramos en ese círculo vicioso.

¿De qué manera cree que ha afectado la pandemia debida a la Covid a la ocupación?

No da la sensación de que haya más ocupación que antes. Lo que sí hay es una ofensiva institucional, administrativa y judicial, traducida en un incremento de los desalojos a familias que no tienen otra alternativa. Mientras tanto, no existen las políticas de vivienda. Lo que se ve es una ofensiva estatal de criminalización, de actuación rápida y de procesos judiciales, saltándose algunas garantías y acortando plazos en algunos casos.

¿En qué se traduce esta ofensiva? ¿De qué manera se aplica?

La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, mandó a los juzgados que aceleraran este tipo de procesos, esto es contradictorio, ya que José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se sorprende porque siguen los desahucios. Si tu fiscalía está dando órdenes de que los desahucios se aceleren, eso quiere decir que sigue habiendo desahucios.

¿Parar los desahucios durante este tiempo hubiera sido la solución?

Sí. Se debería haber hecho, como les planteábamos, una moratoria de desahucios desde marzo de todos los lanzamientos de familias vulnerables hasta que las administraciones públicas fueran capaces de garantizar la alternativa habitacional. Hay situaciones de desahucio que necesitan una solución a corto plazo. Es importante saber que Aragón ya dispone de normas que protegen la alternativa habitacional.

¿Por qué cree que no se aplica en la práctica la Ley 10/2016 en Aragón?

Es una ley que, en la mente de los que gestionan hoy las políticas de vivienda en Aragón, va mucho más allá de lo que ellos querrían. ¿Qué hacen? Torpedear la propia norma. Es curioso que una administración torpedee su propia norma, pero lo que hacen es no aplicarla. ¿Con qué criterios? En cada caso utilizan unos criterios, mientras que después, de manera arbitraria, hacen lo contrario.

¿Qué criterios sigue la administración para no aplicar su propia ley?

Por ejemplo, familias que están residiendo en viviendas ocupadas, finalizaciones de contratos de alquiler u otras situaciones no son ni siquiera contempladas y son consideradas de mala fe.

"Existe una enorme dificultad de la población para relacionarse con las administraciones públicas"

Pablo Híjar, activista de Stop Desahucios | Pablo Híjar

Esto supone un exceso por parte de la administración ya que la Ley 10/2016 ya prevé que la administración debe presuponer la buena fe de las familias vulnerables. Lo que no puede ser es que te saltes a la torera la ley y mandes una comunicación al juzgado diciendo que una familia vulnerable es de mala fe. Esto se está haciendo tanto desde el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) como desde el propio Departamento de Vivienda.

Si ya existe una ley similar en Aragón, ¿cree que el decreto propuesto por el Gobierno para prohibir los desahucios cambiará la situación?

Somos escépticos. No es la medida que les reclamamos los activistas y las plataformas, que era una moratoria efectiva de desahucios para la paralización de procesos. No es sencillo imponer una de estas medidas, pero es la única posibilidad y lo deberían haber intentado. Parece ser que se va a incluir a las familias en situación de finalización de contrato o que están en viviendas ocupadas. El reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad más allá del covid es un paso adelante. El problema es que el modo de proceder es muy parecido al de la ley que tenemos en Aragón.

"Hay una ofensiva institucional, administrativa y judicial, traducida en un incremento de los desalojos"

¿Cuál es la solución: cambiar la propia ley o la voluntad de aplicarla?

Es una ley que podría funcionar, pero tiene que haber una voluntad inquebrantable de cada gobierno autonómico. Desde el Consejo General del Poder Judicial hay que dar instrucciones claras del cumplimiento de esta nueva norma a los juzgados y que todas las instituciones del Estado se tomen en serio su cumplimiento. No hay otro camino. De no ser así, puede quedarse en una ley avanzada como es la Ley 10/2016, pero cuyos puntos más progresistas siguen sin cumplirse.

"Es bastante grave lo que sucede en Aragón con esta norma"